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Claves de la reforma de pensiones de Escrivá

El 1 de enero entró en vigor el primer bloque de medidas de la reforma de pensiones acordada el pasado mes de junio entre el Gobierno y los agentes sociales. En este artículo, profundizaremos en sus puntos clave y objetivos.

Claves de la reforma de pensiones de Escrivá

15/2/2022

¿Sabes cuáles son las claves de la reforma de pensiones de Escrivá y cómo te afectan? La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los grandes retos a los que deben enfrentarse los Gobiernos de España.

El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, que lleva descendiendo de manera acentuada desde los 90 por la dificultades para conciliar la vida personal y profesional y la precariedad laboral que impide la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, ha aumentado la tasa de envejecimiento de nuestro país.

Desde comienzos de la década de los 2000, nuestro país ha ido haciéndose cada vez más y más viejo. A pesar de que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado el número de defunciones de personas de la tercera edad, los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) indican que en 2021 se ha vuelto a registrar un nuevo máximo de envejecimiento, con una tasa del 129% que implica que por cada 129 mayores de 64 años se contabilizan tan solo 100 menores de 16. 

Esta acusada tendencia está generando un grave problema en la salud demográfica del país, que se enfrenta a una pirámide de población cada vez más invertida en la que el número de personas en edad de trabajar disminuye y el número de personas de la tercera edad aumenta. 

De acuerdo a las previsiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a mediados de siglo España tendrá en torno a 78 personas con más de 65 años por cada 100 personas con una edad comprendida entre los 20 y los 64 años, una cifra que supera con creces el ratio actual, situado en 33 personas de más de 65 años por cada 100 menores de 64.

El imparable envejecimiento de la población ha puesto en entredicho el futuro de nuestro sistema público de pensiones, que se enfrenta a dos graves problemas: por un lado, el aumento de los gastos de la Seguridad Social, que debe proteger a cada vez más pensionistas; por otro, la disminución de los ingresos, derivada de las diversas crisis económicas que han asolado al país y que han impedido que los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo digno.

Ante esta situación, y con el objetivo de revertir las perspectivas de futuro, que apuntan a un aumento empeoramiento de la tasa de dependencia, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para llevar a cabo una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad. 

Conocida popularmente como la reforma de Escrivá, la primera parte de esta ley fue aprobada el pasado mes de diciembre en el Senado, tras su exitoso paso por el Gobierno, y comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2022. En este artículo, vamos a profundizar en sus claves y en sus efectos para la población.

¿Qué es la reforma de pensiones de Escrivá?

La reforma de Escrivá es el nombre con el que se conoce popularmente a una nueva ley aprobada el pasado mes de diciembre que modifica el sistema público de pensiones español para reforzar su sostenibilidad futura.

Esta nueva normativa deriva de los acuerdos del Pacto de Toledo, que recogía más de una veintena de recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, y supone la derogación de dos de los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones, IRP, y el factor de sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse. 

El contenido de la reforma de pensiones de Escrivá fue acordado el pasado mes de julio por el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por el ministro José Luis Escrivá, las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CC.OO. 

Estas medidas entraron en vigor el 1 de enero, tras su exitoso paso por el Congreso y el Senado, y forman parte del componente 30 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, un documento que incluye diversas reformas e inversiones y cuyo cumplimiento es necesario para obtener las ayudas del fondo europeo de recuperación del coronavirus

Su objetivo es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal a través de un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y de una mayor incentivación al retraso de la jubilación. 

La reforma está pensada para que dure al menos 25 años. A lo largo del año, el Gobierno y los agentes sociales se reunirán de nuevo para desarrollar un segundo bloque de medidas que complemente a esta nueva normativa y que afectará, además de a los pensionistas, a los autónomos, los trabajadores del Régimen General y a la propia Seguridad Social. 

Entre las medidas que se planean debatir se encuentra un nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales para autónomos, basado en trece tramos flexibles que van de ingresos desde 400 euros mensuales hasta 4.050, o la ampliación del cómputo de los años de cotización para calcular la cuantía de las pensiones, entre otros. 

Claves de la reforma de Escrivá

El primer conjunto de medidas de la reforma de las pensiones de Escrivá se estructura alrededor de tres puntos clave: la indexación de las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo), la penalización a la jubilación anticipada y el estímulo para retrasar el retiro laboral, y la separación final de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. 

Este bloque establece un nuevo marco para regular el sistema de pensiones e incluye ocho importantes cambios que derogan algunas de las medidas aprobadas por anteriores Gobiernos y sirven de garantía para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Aquí los tienes.

Indexación de las pensiones con el IPC

Uno de los cambios más importantes de la reforma de Escrivá es la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo, una medida creada para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones.

A través de esta nueva normativa, las pensiones aumentarán cada mes de enero mediante una nueva fórmula basada en la media de las tasas de variación interanual del IPC. 

Esta revalorización, que se aplicará a todas las prestaciones contributivas, tendrá como punto de referencia el mes de noviembre del ejercicio anterior y permitirá que la cuantía de las prestaciones se incremente según la subida de los precios del consumo. En caso de que el IPC anual resulte negativo, además, su cuantía no se verá reducida, sino que se mantendrá intacta.

Con esta medida, el Gobierno deroga definitivamente el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que vinculaba el incremento de las prestaciones al estado de las cuentas de la Seguridad Social y limitaba su crecimiento a un 0,25% en situaciones de déficit. 

La aplicación del IRP se encontraba suspendida desde 2018. En su lugar, la revalorización de las pensiones se realizaba mediante un sistema de cálculo que contrastaba el IPC previsto para el ejercicio con la media del IPC registrada durante el año y que compensaba la desviación entre ambas partes con una paga extra, conocida popularmente como “paguilla”. Con la nueva fórmula, esta paguilla también se elimina, ya que no existirá ningún tipo de desviación. 

Incentivos para el retraso de la jubilación

La reforma de Escrivá introduce una serie de incentivos para aquellos que decidan retrasar su salida del mercado laboral. Es decir: estimula la jubilación demorada, una modalidad en la que los trabajadores retrasan su retiro más allá de la edad legal de jubilación de forma voluntaria y que apenas se usa en nuestro país.

De este modo, se establece que a partir de la edad legal de jubilación los contribuyentes no tendrán que cotizar por contingencias comunes, salvo en aquellos casos de incapacidad temporal. 

Además, los contribuyentes que apuesten por esta modalidad podrán beneficiarse de una subida de su prestación del 4% por cada año de demora, de un cheque único con un importe fijado en función de la cuantía de su pensión que puede alcanzar hasta un máximo de 12.000 euros, o de una mezcla de ambos

Derogación del factor de sostenibilidad 

El primer bloque de medidas de la reforma de las pensiones de Escrivá elimina de manera definitiva el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de 2013. 

Este mecanismo, que debía entrar en vigor en 2019 pero fue suspendido hasta 2023, tenía el objetivo de vincular el cómputo de las pensiones con la esperanza de vida y fue uno de los puntos más polémicos de la reforma del Partido Popular, ya que hubiese recortado significativamente las prestaciones futuras.

Para sustituirlo, el Gobierno y los agentes sociales han acordado introducir el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva fórmula de aplicación contingente y temporal que busca repartir el esfuerzo para reforzar el sistema de pensiones de una forma equilibrada entre las distintas generaciones. 

Este mecanismo se estructurará en torno a dos componentes. El primero se centrará en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes realizada a lo largo de un periodo de diez años, comprendidos entre 2023 y 2032. De estos 0,6 puntos, 0,5 deberá asumirlos la empresa, mientras que el 0,1 restante corresponderá al trabajador. 

El segundo, por su parte, recoge que si a partir de 2033 se aprecia una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024, que se usará como referencia, en los Informes de Envejecimiento de la Comisión Europea, se utilizará este Fondo de Reserva, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. 

Penalizaciones a las jubilaciones anticipadas voluntarias

A pesar de que se mantiene que los trabajadores puedan abandonar el mercado laboral de forma voluntaria con dos años de adelanto, la reforma establece importantes cambios para desincentivar la jubilación anticipada.

Estos cambios afectan a los coeficientes reductores, que dejarán de aplicarse trimestralmente para imponerse de manera mensual. Estos porcentajes recaerán sobre la cuantía real de la pensión, en vez de sobre la base reguladora, e irán desde un máximo del 21% a un mínimo del 2,81%. 

Cambios en la jubilación anticipada involuntaria

Al igual que ocurre con la prejubilación voluntaria, la reforma de Escrivá también introduce importantes novedades para la jubilación anticipada involuntaria. Es decir: para aquellos trabajadores que abandonen el mercado laboral antes de tiempo por causas ajenas a su voluntad, como puede ser un ERE o despido.

En este caso, los coeficientes reductores también pasarán a imponerse sobre la cuantía real de la pensión, en lugar de sobre la base teórica, y se aplicarán de forma mensual. 

El Gobierno, además, establece unos nuevos porcentajes de reducción, que oscilarán entre un 0,5% a un 30%, y amplía las causas para acogerse a estas prestaciones. 

De este modo, los trabajadores que hayan visto rescindido su contrato por causas objetivas y aquellos que hayan terminado su contrato voluntariamente a raíz de un cambio en las condiciones de su trabajo, un acuerdo de su empresa o por causa de movilidad geográfica, también podrán beneficiarse de estas pensiones.

Límites a la jubilación forzosa

La reforma de Escrivá permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para aquellos trabajadores que tengan más de 68 años. Además, las empresas estarán obligadas a contratar a un nuevo empleado de relevo a tiempo completo y de forma indefinida.

Facilidades para acceder a la jubilación activa

Las medidas recogidas en la reforma de Escrivá incluye importantes cambios para acceder a la jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar la prestación de jubilación con el desempeño de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre y cuando el salario no supere al Salario Mínimo Interprofesional.

Separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social

Además de los cambios introducidos en las pensiones, la reforma de Escrivá también incluye la separación definitiva de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, un proceso que había comenzado hace ya dos décadas y que, hasta ahora, no se había concluido.

A raíz de este cambio, los ingresos que se obtengan mediante las cotizaciones de los contribuyentes pasarán a destinarse exclusivamente a pagar las pensiones, mientras que los gastos de la Seguridad Social los cubrirá el Estado a través de los Presupuestos Generales. El objetivo es lograr un equilibrio presupuestario a corto plazo. 

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS

Respuestas a las preguntas más habituales sobre la reforma de pensiones de Escrivá

La reforma de Escrivá es el nombre con el que se conoce popularmente a una nueva ley aprobada el pasado mes de diciembre que modifica el sistema público de pensiones español para reforzar su sostenibilidad futura.

Esta nueva reforma deriva de los acuerdos del Pacto de Toledo y forma parte del componente 30 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Su objetivo es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal.

La reforma de pensiones de Escrivá se estructura alrededor de tres puntos clave:  la indexación de las pensiones al IPC, la penalización a la jubilación anticipada y el estímulo para retrasar el retiro laboral, y la separación final de las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Este bloque incluye ocho importantes cambios que derogan algunas de las medidas aprobadas por anteriores Gobiernos y sirven de garantía para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

La reforma de pensiones de Escrivá establece la indexación de las pensiones con el índice de precios al consumo, una medida creada para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones.

A raíz de esta medida, las pensiones aumentarán cada mes de enero mediante una nueva fórmula basada en la media de las tasas de variación interanual del IPC. La revalorización tendrá como punto de partida el mes de enero del ejercicio anterior y permitirá que la cuantía de las prestaciones se incremente según la subida de los precios del consumo, manteniéndose intacta en los años en los que se registre un IPC negativo.

Para fomentar el retraso de la jubilación, la reforma de Escrivá incluye una serie de incentivos. Estos son:

  • A partir de la edad legal de jubilación los contribuyentes no tendrán que cotizar por contingencias comunes, salvo en aquellos casos de incapacidad temporal.

  • Una subida de su prestación del 4% por cada año de demora, un cheque único con un importe de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.

La reforma de Escrivá deroga definitivamente el factor de sostenibilidad introducido en 2013 por el PP, un mecanismo que vinculaba el cómputo de las pensiones con la esperanza de vida.

En su sustitución, el Gobierno y los agentes sociales han acordado introducir el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva fórmula de aplicación contingente y temporal que busca repartir el esfuerzo para reforzar el sistema de pensiones de una forma equilibrada entre las distintas generaciones. 

A raíz de la reforma de Escrivá, los coeficientes reductores dejarán de aplicarse trimestralmente y pasarán a imponerse de manera mensual. Estos porcentajes recaerán, además, sobre la cuantía real de la pensión, en vez de sobre la base reguladora, e irán desde un máximo del 21% a un mínimo del 2,81%. 

A raíz de la reforma de Escrivá, los coeficientes reductores de la pensión de jubilación anticipada involuntaria pasarán a imponerse sobre la cuantía real de la pensión, en lugar de sobre la base teórica, y se aplicarán de forma mensual. 

Además, se establece unos nuevos porcentajes de reducción, que oscilarán entre un 0,5% a un 30%, y se amplían las causas para acogerse a estas prestaciones. 

La reforma de Escrivá permite que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para aquellos trabajadores que tengan más de 68 años. Además, la empresa estará obligada a contratar a un nuevo empleado de relevo a tiempo completo y de forma indefinida.

La reforma de Escrivá incluye incentivos para para acceder a la jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar la prestación de jubilación con el desempeño de una actividad por cuenta propia o ajena.

La reforma de Escrivá establece que los ingresos que se obtengan mediante las cotizaciones de los contribuyentes pasarán a destinarse exclusivamente a pagar las pensiones, mientras que los gastos de la Seguridad Social los cubrirá el Estado a través de los Presupuestos Generales. Con esta medida, se busca alcanzar un equilibrio presupuestario a corto plazo.

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